Niñas, niños y adolescentes, por el hecho de ser personas, tienen la misma posibilidad y el mismo derecho de los adultos a participar y contar con la capacidad para hacerlo. En otras palabras, su voz cuenta y por ello debe ser escuchada e incluida en las decisiones que los involucran, y además debe garantizárseles las condiciones para formarse un juicio propio, como señala la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Constitución Política (1991) y el Código de la Infancia y Adolescencia (Ley 1098, 2006), entre otras normas internacionales y nacionales.
Es importante entender que la participación es la garantía de los demás derechos y fortalece en niñas y niños la capacidad de reflexión personal y colectiva; les facilita que sean incluidos como ciudadanos activos y responsables. En síntesis, la participación de niñas, niños y adolescentes no debe ser vista como un gesto de buena voluntad de las familias, gobernantes y sociedad, se trata del reconocimiento de su capacidad de agencia y del proceso formativo de ciudadanía que contribuye a la calidad de la democracia del país.