YA reconozcamos que la niñez tiene derecho a participar y a ser escuchada
Cuando una persona puede expresar sus sentimientos, preocupaciones e ideas y estos son tenidos en cuenta por otros, significa que está siendo tratada como un ser humano digno, cuyo valor es igual al de los demás, como señala Nussbaum (2005). Es importante, además, que pueda contar con la capacidad de participar activamente en las decisiones políticas que gobiernan su vida, es decir, esto implica “tener derecho a la participación política, así como a salvaguardas para la libertad de expresión y asociación” (Nussbaum, 2005, p. 33). Así está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), la cual establece que todo ser humano tiene derecho a participar en la vida política y cultural, a participar, contribuir y gozar del desarrollo.
Niñas, niños y adolescentes, por el hecho de ser personas, tienen la misma posibilidad y el mismo derecho de los adultos a participar y contar con la capacidad para hacerlo. En otras palabras, su voz cuenta y por ello debe ser escuchada e incluida en las decisiones que los involucran, y además debe garantizárseles las condiciones para formarse un juicio propio, como señala la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Constitución Política (1991) y el Código de la Infancia y Adolescencia (Ley 1098, 2006), entre otras normas internacionales y nacionales.
Es importante entender que la participación es la garantía de los demás derechos y fortalece en niñas y niños la capacidad de reflexión personal y colectiva; les facilita que sean incluidos como ciudadanos activos y responsables. En síntesis, la participación de niñas, niños y adolescentes no debe ser vista como un gesto de buena voluntad de las familias, gobernantes y sociedad, se trata del reconocimiento de su capacidad de agencia y del proceso formativo de ciudadanía que contribuye a la calidad de la democracia del país.
Aunque la Constitución Política de Colombia, decretos, leyes, resoluciones y otras normas han reconocido en nuestro país el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes y han creado espacios para que puedan ejercerlo, dichos espacios no son efectivos en todos los territorios debido a la baja priorización de este derecho y a la falta de recursos para su sostenibilidad en las administraciones municipales y departamentales, como lo reconoce el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
